PERÚ CONCESIONA LA SELVA SUR PARA MINERÍA A PRECIO DE SALDO

 La ineficacia de nuestro actual Gobierno para hacerle frente a la problemática que representa la correcta aministración de la explotación de nuestros recursos naturales, así como la preservación y protección de nuestro medio ambiente son inaceptables. TIERRA Y LIBERTAD - AREQUIPA

Pedro Sanchez, ministro de la cartera de Energía y Minas

La concesión a la pequeña minería de tierras ricas en oro en la selva sur de Perú se realiza a menos de dos dólares por hectárea, según datos oficiales dados a conocer hoy en un informe del diario El Comercio.

Así, según la información oficial del Ministerio de Energía y Minas que recoge el diario peruano, una concesión minera de hasta 2.000 hectáreas en la región amazónica de Madre de Dios (sureste) alcanza un precio de 1.760 soles (632 dólares), más un pago anual de un dólar por hectárea.

Este bajo precio, que se aplica a las llamadas pequeña minería y minería artesanal, se suma al alto precio del gramo de oro (110 soles, 39,5 dólares) y a que en un día de trabajo cada concesión puede dar entre 10 y 100 gramos del mineral, para explicar la alta cantidad de concesiones otorgadas en los últimos años.

Según la Sunat, el fisco peruano, la minería aurífera en Madre de Dios genera ingresos anuales por 730 millones de dólares, monto que no está sujeto a impuestos debido a la informalidad y una legislación mal aplicada.

La actividad minera en esta región selvática de Perú, donde existen 3.204 concesiones mineras (400 de las cuales fueron otorgadas en el pasado año), además acarrea un gran peligro ambiental para una de las reservas biológicas del país.

Los datos oficiales señalan que 32.000 hectáreas de bosques fueron arrasadas por las dragas que operan en Madre de Dios, mientras que 370.000 hectáreas más estarían en proceso de destrucción.

Según El Comercio, la Dirección Regional de Energía y Minas señaló que carece de los recursos para fiscalizar y velar por el cumplimiento de la ley, lo que no le impidió dar esas 400 nuevas concesiones a pesar de que en teoría se había prohibido tramitar nuevos petitorios durante el pasado año.

El Estado considera a estos concesionarios como pequeños mineros, categoría que les permite beneficios a la hora de pagar impuestos.

Sin embargo, El Comercio informó que muchos de estos "pequeños mineros" se pasean por la zona en modernas camionetas y operan en sus trabajos flotas de decenas de excavadoras y volquetes.

Hace dos semanas, el Gobierno peruano inició un gran operativo con participación de las Fuerzas Armadas que buscaba eliminar alrededor de 250 dragas ilegales.

Tras la eliminación de las grandes dragas (en la que incluso se comprobó que algunas eran operadas por mafias procedentes de China), el operativo pasó a eliminar las pertenecientes a la pequeña minería, lo que provocó que 15.000 mineros de la región se declararan en huelga.

El paro de los mineros terminó derivando en enfrentamientos que se saldaron, según cifras oficiales, con dos civiles fallecidos y más de 30 heridos, entre policías y civiles.

Finalmente, y tras el anuncio del Gobierno de la suspensión del operativo, los mineros levantaron ayer la huelga con el objetivo de iniciar un proceso de negociación que facilite la formalización de los mineros informales.

Fuente: EFE, 05 de marzo de 2011.

CONFERENCIA DE PRENSA CON MARCO ARANA

Lima, 03 de Marzo 2011.

CANDIDATOS IGNORAN POLITICA AMBIENTAL

CANDIDATOS Y GOBIERNO IGNORAN POLITICA AMBIENTAL

• El Coordinador nacional del partido Tierra y Libertad (TyL), Marco Arana Zegarra, exigió la renuncia del ministro del ambiente, Antonio Brack Egg, por haber abdicado de sus funciones.
• El líder ecologista manifestó su preocupación por la ausencia de propuestas en la coyuntura electoral sobre la problemática ambiental del Perú, y presentó la Agenda Verde 2011 de TyL.

Exígen la renuncia del ministro del ambiente

En conferencia de prensa realizada el jueves 3 de marzo por la mañana en Lima, el Coordinador nacional del partido Tierra y Libertad (TyL), Marco Arana Zegarra, exigió la renuncia del ministro del ambiente, Antonio Brack Egg, por haber demostrado mucha ineficiencia en su desempeño y haber abdicado de sus funciones.

“Ha abdicado al permitir eventos como el de Bagua, al dejar pasar los decretos 001 y 002 que inhiben de sus funciones de promoción y monitoreo de los estudios de impacto ambiental a su propio ministerio; ha abdicado al permitir el retiro de las dragas por parte de las fuerzas armadas cuando antes había permitido que se autorice la extracción de oro por parte del Ministerio de energía y minas y los permisos de explotación por parte de la capitanía de la zona, es decir creando un clima de absoluto desorden e ilegalidad que impide la verdadera solución de los problemas de contaminación en Madre de Dios; ha abdicado al permitir que se desarrolle la amenaza de construcción de megarrepresas en la Amazonía que atentan contra miles de hectáreas de selva virgen y la estabilidad de miles de familias”, afirmó.

Planteó asimismo la necesidad de elegir a un ministro del ambiente que tenga la autoridad moral y el liderazgo para sacar adelante las políticas ambientales y una visión del desarrollo compartida respetuosa del ambiente y de los ciudadanos, pero además, que pueda defender los intereses de todas y todos los peruanos enfrentando las presiones económicas y políticas de los grupos de poder.

Candidatos no nos representan

El líder de Tierra y Libertad manifiestó su preocupación porque ningún candidato está abordando con seriedad la problemática ambiental del país. Hasta el momento, ninguno de los postulantes al sillón presidencial propone una política ambiental para afrontar los graves problemas medioambientales del Perú. Dijo Marco Arana que Tierra y Libertad no tiene candidato en esta contienda presidencial, pero que espera que sus propuestas sean recogidas para que se asuman finalmente en la agenda del próximo gobierno.

“No nos sentimos expresados ni representados en ninguna de las candidaturas y propuestas políticas porque no asumen la importancia del componente ambiental en el desarrollo y estamos convencidos que cualquier propuesta seria de gobierno en el Perú debe tener como una de sus estrategias centrales la gestión ambiental”, declaró.

Agenda Verde 2011 de Tierra y Libertad

Haciendo una síntesis de sus principales planteamientos, el Coordinador nacional de Tierra y Libertad dio a conocer sus propuestas sobre más recursos y capacidades para una autoridad ambiental con mayores niveles de autonomía, poder, eficiente y eficaz; planificación territorial integral, participativa y sostenible; moratoria a las concesiones mineras y petroleras para orientarlas a los fines nacionales; aprobación e implementación del Plan Nacional de Protección y Gestión de Recursos Hídricos (protección de cabeceras de cuencas, prohibición de actividades extractivas en zonas de glaciares, canon hídrico, tecnificación de 80% de los sistemas de riego y desarrollo de microrrepresas en agricultura en 5 años de gobierno); una política de seguridad energética; instrumentos de gestión ambiental que permitan prevenir el daño ambiental y tomar decisiones adecuadas, etc.

En defensa de los valles

Junto con Marco Arana, estuvieron presentes en la mesa Pepe Julio Gutiérrez, dirigente del Frente de Defensa del Valle del Tambo (Cocachacra), y Leyla Berrocal, dirigente del Frente de Defensa Ecológico del Valle de Lurín – FREDECOL.

Sostuvo Leyla Berrocal que el valle de Lurín, última despensa y pulmón de Lima, se encuentra invadido por fábricas que trabajan sin licencia y que envenenan la napa freática de la que se surten los habitantes de la zona y el riego de los cultivos. Que estas grandes empresas arrojan desperdicios, envenenan el aire, contaminan sonoramente y hacen imposible la vida de los habitantes del valle al tiempo que amenazan la existencia de este, siendo que el valle de Lurín es zona agrícola de gran valor y de importancia arqueológica trascendente. Manifestando su indignación por que se haya declarado zona de expansión industrial a la zona, afirmó que “el FREDECOL insurge contra todo esto y llama a tomar conciencia de la importancia de defender el valle de Lurín”.

Por su parte, Pepe Julio Gutiérrez manifestó que el Frente de Defensa del Valle de Tambo se apresta a un nuevo paro en defensa de la intangibilidad de sus tierras para la agricultura, de sus mares para la pesca, ante la amenaza de la minera Southern Perú. “Hemos recibido el apoyo de otras organizaciones en sl sur que van a movilizarse con los campesinos de El Tambo e incluso el apoyo de centenas de arequipeños de la ciudad que van a venir a dar su apoyo solidario”, precisó.

Asimismo, explicó que actualmente el valle se encuentra invadido por policías que abusan de la gente y de sus cultivos, teniendo un trato prepotente con la población, y que incluso ha comenzado una campaña en medios para presentarlos como violentistas, presumiblemente para justificar posteriores actos represivos, siendo que las movilizaciones de defensa son absolutamente pacíficas.

Expresó finalmente que la provincia de Islay se encuentra concesionada hasta en un 99% a las mineras y que esto inquieta mucho a las poblaciones que están al borde de perderlo todo.



ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS REALIZAN HUELGAS DE HAMBRE EN CONTRA DE CHÁVEZ

El diario español El Imparcial reseña que en el mes de febrero se han iniciado 21 huelgas de hambre en Venezuela contra las medidas políticas del presidente Chávez, según datos de Provea. Explica la nota que además de los estudiantes universitarios que mantienen una huelga de hambre hace 19 días, están también “ex trabajadores PDVSA llevan un mes de ayuno en la sede administrativa de la Asamblea Nacional, al igual que los ex trabajadores de la expropiada Cementos Mexicano (Cemex) que reclaman derechos e indemnizaciones”.

Aquí la nota:

Cada vez son más los venezolanos que movidos por la necesidad de denunciar las medidas arbitrarias del presidente Hugo Chávez y las violaciones en materia de derechos humanos de las que cada vez son más objeto el país suramericano, se embarcan en una huelga de hambre en señal de protesta contra un Gobierno al que califican de régimen para hacer un llamamiento a la comunidad internacional de que comience a poner sus ojos hacia la situación de Venezuela.

Si bien las huelgas de hambre de los presos de conciencia de Cuba, como la del fallecido Orlando Zapata y el galardonado Guillermo Fariñas dieron la vuelta al mundo, Venezuela cuya realidad política cada vez resulta más paralela a la cubana no se queda atrás. La muerte en agosto de 2010 por inanición voluntaria del productor agropecuario, Franklin Brito, que protestaba por la expropiación de su tierra en el Estado Bolívar, forma parte de la triste estadística de 150 huelgas de hambre registradas en el país suramericano en ese año. Una cifra que en 2011 podría verse incluso superada.

Según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) tan sólo en lo que va del mes de febrero, veintiún venezolanos se han declarado en huelga de hambre. Además del grupo de estudiantes apostados en la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas que cumplen 19 días de protesta en reclamo a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudie la situación de 27 presos políticos; ex trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) llevan un mes de ayuno en la sede administrativa de la Asamblea Nacional para denunciar exigir explicaciones sobre las irregularidades de la estatal al presidente de la compañía Rafael Ramírez, al igual que los ex trabajadores de la expropiada Cementos Mexicano (Cemex) que reclaman derechos e indemnizaciones.

“En febrero se ha desbordado la situación, le estamos perdiendo la pista al número de protestas”, señaló al diario “El Universal” Marco Antonio Ponce, uno de los investigadores de esta ONG, quien advirtió que se observa un proceso de radicalización de este tipo de manifestaciones en Venezuela, sobre todo tras la muerte Franklin Brito, quien protagonizo varias huelgas de hambre durante los últimos años.

“El caso de Franklin Brito marcó un antes y después, porque en 2009 apenas registramos cinco huelgas, pero al año siguiente contabilizamos 150″, subrayó Ponce que describió como causas de esta tendencia al vacío jurídico al cual ha de hacer frente la sociedad venezolana.

“La gente siente que no tiene respuesta de las autoridades y que ya no basta con cerrar una calle y quemar unos cauchos para llamar la atención de ellas ni de los medios de comunicación sobre sus problemas”, aseguró y señaló que la mayoría de estos ayunos voluntarios tienen como principal motivo la defensa de los derechos de los trabajadores y de la propiedad privada, por lo que se trata de iniciativas que ponen de manifiesto el carácter pacífico de los venezolanos.

“El 98% de las huelgas de hambre en 2010 no registraron incidentes y sólo un 2% devinieron en violencia por la interposición de los agentes de los cuerpos de seguridad”, concluyó Provea.

DOCUMENTAL OPERACIÓN DIABLO SOBRE MARCO ARANA ES GALARDONADO EN BERLÍN

Stephanie Boyd y Marco Arana

“Si no arriesgamos la vida por la vida, ¿qué sentido tiene vivir?” se pregunta el padre Marco Arana en el tráiler del documental Operación Diablo, ganador del Premio Internacional de Película Sobre Derechos Humanos (The international Human Rights Film) del Festival de Cine de Berlín.

El galardón otorgado por la fundación Cinema For Peace (Cinema por la paz) fue recibido por el padre Arana de manos de Bianca Jagger, activista y ex esposa Migg Jagger, en un evento paralelo al Festival de Cine de Berlín.
En su discurso de agradecimiento, el padre Arana, personaje principal del documental, pidió a la Corte Internacional de los Derechos Humanos en la Haya que empiece a procesar crímenes ambientales cometidos por las empresas transnacionales.
La directora y productora del documental Stephanie Boyd, dijo a un medio local que “este premio será un reto para continuar ayudando a los campesinos de Cajamarca y Piura  en su lucha contra las transnacionales mineras”.
“Ahora, esperamos que el Festival de Cine se interese en mostrar el documental aquí en el Perú, donde aún no se ha visto”, añadió Boyd.
Operación Diablo muestra la persecución que sufre el padre Arana por parte de una poderosa empresa minera, que lo apoda “El Diablo” por defender los derechos de las comunidades indígenas.
En el documental, la empresa privada de vigilancia Forza graba en video, fotografía y documenta cada movimiento del padre, y de otros trabajadores de la Asociación Grufides.
“Este homenaje contribuye al fortalecimiento de la lucha por la gran causa de un Perú de justicia social y ecología sostenible” resaltaron los organizadores del homenaje.
“Operación Diablo” narra la persecución del padre Marco Arana por una poderosa minera sudamericana que lo ha apodado “El Diablo”, por defender los derechos de las comunidades.

PROHIBIDO PERDÉRSELO

CLIC AQUÍ:
TRAILER:
http://www.youtube.com/watch?v=yet2BfaTWmQ
DOCUMENTAL COMPLETO
Parte 1:

http://www.youtube.com/watch?v=dLoQuenY488

Parte 2:

http://www.youtube.com/watch?v=Ag_7Vg9SLf4

Parte 3:

http://www.youtube.com/watch?v=JrXGMU2fnck

Parte 4:

http://www.youtube.com/watch?v=TEKTofdkblA

Parte 5:

http://www.youtube.com/watch?v=ogZmTIsIgfc

Parte 6:

http://www.youtube.com/watch?v=snOHaJDHlLo

Parte 7:

http://www.youtube.com/watch?v=nOnxihPnYL0

Imagen captada del Documental Operación Diablo ganador del premio The international Human Rights Film. 

Más imágenes captadas del galardonado Documental.

Stephanie Boyd y Marco Arana en Berlín.

Marco Arana dando su emotivo discurso de agradecimiento.

GARCÍA Y LA PERVERSIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Félix Jiménez
 Economista Ph.D. Profesor principal de la PUCP.

Mientras el presidente dice que «el Perú sigue creciendo con optimismo», el 73.9% de los peruanos pide que cambie la política económica actual. 
 Definitivamente el Perú que observa Alan García es otro, no es el Perú que él nos deja. Durante su gobierno la participación de las remuneraciones en el ingreso total cayó de 23.1% a 20.9%, mientras subió la de las utilidades de 67.5% a cerca de 70%; el PBI per cápita aumentó en 24.4%, pero los salarios reales disminuyeron en 6%; en el PBI que crece la participación del comercio y otros servicios aumentó de 62.2% a 64% y en estos sectores se concentra cerca del 77% de la población ocupada de bajísima productividad y con ingresos promedio que no superan los 650 soles mensuales. Así, el Perú de hoy es económica y socialmente más desigual y más expuesto al conflicto social.

 
Lo que mira el Presidente

Alan García nos ha dicho: «hay que hacer detonar la gran inversión (extranjera) para que arrastre a la pequeña y mediana inversión, no al revés». Este giro en el sentido de la política pública ha ocasionado, entre enero de 2006 y setiembre de 2010, la expatriación de 37 mil millones de dólares por utilidades del capital extranjero, mientras ingresaron como inversión extranjera directa solo 27 mil millones de dólares. En el año 2010 salieron por concepto de utilidades del capital extranjero 8,900 millones de dólares, equivalentes a 25 mil millones de soles, cifra superior a los ingresos de todos los pobres del Perú que suman 21 mil millones.

Alan García ha enviado «cartas a todas las empresas del mundo», pero ninguna a los pobres del Perú. Consecuente con este tipo de política aceptó un óbolo minero gestionado por las propias empresas y que en los últimos cuatro años significó solo el 2.4% de todas las utilidades del sector. Dejó intacto el sistema tributario regresivo. La distribución del ingreso, medida por el coeficiente GINI, se deteriora después de impuestos (Barreix, et al., 2006) y la distribución del IGV en relación con el ingreso afecta más a los pobres porque las exoneraciones recaen sobre la canasta de consumo de los hogares relativamente más ricos (Haughton, 2006).  Su gusto por lo meteco lo llevó, además, a acrecentar la vulnerabilidad externa de nuestra economía. Las importaciones reales per cápita aumentaron durante su gobierno a un ritmo de 16.6% anual, cifra superior a la registrada en los años de crecimiento (1993-1997) del gobierno de Fujimori (13.9%). Las exportaciones reales per cápita solo crecieron  a la tasa de 3.8% promedio anual.

La perversión de la política pública

Los DU Nos. 01-2011 y 02-2011, con los que se facilita la inversión privada en 33 proyectos de infraestructura estratégica (energía, puertos, carretas y aeropuertos), son el súmmum de la perversión de la esencia de la política pública. Acorta los plazos para la ejecución de los proyectos; no se requieren certificaciones ambientales para obtener la autorización administrativa para la ejecución del proyecto; se transfiere propiedades del Estado automáticamente y a título gratuito solo mediante Decreto Supremo y el Estado asume el costo de la indemnización del perjuicio que esto cause; y, por último, no presentan justificación alguna sobre los costos y riesgos para el Estado, ni los beneficios sociales de cada uno de los proyectos. 

Un ejemplo del sentido de esta política es el proyecto «Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Pisco- Río Seco» que deriva agua a la  zona de Lanchas donde opera la compañía agroindustrial de Lanchas S.A. cuyo director es el actual ministro de Economía. ¿Cuántos campesinos más se van a beneficiar con este proyecto?, respondámonos con conciencia.

FUERZAS ARMADAS EGIPCIAS DISUELVEN EL PARLAMENTO

El Cairo, Egipto 

 

El Ejército egipcio comenzó ayer a desmantelar las instituciones del régimen del ex presidente Hosni Mubarak, que le cedió el poder, anunciando la disolución del Parlamento y la suspensión de la Constitución.
En su “comunicado número 5”, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas también indicó que “asume la dirección de los asuntos del país de manera provisional por seis meses, hasta que se celebren las elecciones legislativas y de la Presidencia de la República”.
El Consejo Supremo, instancia formada por unos veinte generales, decidió “la disolución de la Asamblea del Pueblo y de la Shura”, ambas cámaras del Parlamento, y “la suspensión de la Constitución”, así como la creación de una comisión para enmendar y organizar un referéndum sobre esos cambios.
La disolución del Parlamento, después de las elecciones de fines de 2010, marcadas según la oposición por fraudes masivos, y la revisión de la Constitución, que limita las condiciones de candidatura a la Presidencia, son parte de las reivindicaciones de los manifestantes que condujeron a la caída de Mubarak.
El Ejército indicó que Egipto sigue ligado a los tratados internacionales firmados, lo que fue considerado un mensaje para calmar las inquietudes de Estados Unidos e Israel, preocupados por las consecuencias de los drásticos cambios ocurridos en Egipto sobre los acuerdos de paz israeloegipcios.
Estos acuerdos hacen de Egipto un socio imprescindible para los esfuerzos de paz en la región.
Egipto firmó la paz con el Estado hebreo en 1979, pero la población sigue masivamente opuesta a esta normalización de las relaciones.
El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, dijo ayer que lo sucedido en Egipto no presenta “ningún riesgo” para las relaciones con Israel, al descartar que ocurra allí una deriva de tipo iraní.
El Consejo indicó que gobernará por decreto ley durante el periodo de transición y que su jefe, el mariscal Mohamed Hussein Tantaui, estará encargado de representarlo “en el interior y en el exterior”, convirtiéndolo casi en jefe de Estado. El gobierno de Ahmad Shafiq, encargado de los asuntos corrientes, se reunió ayer por primera vez desde la salida de Mubarak por presión popular.
¿Quién será el siguiente?
La revuelta popular que ha derrocado en menos de un mes a los Presidentes tunecino y egipcio podría propagarse a otros países árabes si no se aplican reformas rápidamente, estimaron ayer los analistas.
El dilema de los dirigentes árabes consiste en “optar rápidamente por un cambio liberal o correr la misma suerte que los de Túnez y Egipto”, advierte Anuar Eshki, director del Instituto de Medio Oriente de Estudios Estratégicos. Obligado a renunciar después de 30 años en el poder, Hosni Mubarak -al igual que el tunecino Zine El Abidine Ben Alí, que huyó de su país el 14 de enero pasado- cedió a la presión de la calle, pero también a la de EUA, del cual era el aliado árabe más cercano, indica Eshki.
Sublevado por la injusticia, el desempleo y la corrupción, “el ciudadano árabe ya no es el mismo de hace dos meses” y “demostró que podía derrocar un jefe de Estado al cabo de dos o tres semanas de manifestaciones”, indica el director del Centro Carnegie para Oriente Medio, Paul Salem. Las sublevaciones populares en esos dos países “tendrán repercusiones en el conjunto de la región”, señala el ex ministro jordano Saleh al Qallab. “Estados Unidos, que alentó el cambio en Túnez y en Egipto, intentará hacer lo mismo en otros países árabes”, explica Al Qallab.
“¿A quién le toca? Nadie puede predecirlo”, agrega el ex ministro, aunque excluye a Arabia Saudita, “donde un proceso de reformas iniciado por el rey Abdalá avanza lentamente debido al peso de la tradición y la religión”.
“Estados Unidos buscará evitarles a las monarquías del Golfo cualquier cambio brutal que pudiera perturbar el aprovisionamiento en petróleo de la economía mundial”, dice Eshki.

LA CONSULTA QUE NO ES CONSULTA

Juan Carlos Ruiz Molleda

Hay que tener mucho cuidado con el Congreso de la República y con el Ministerio de Energía y Minas, pues quieren imponer pseudo consultas que nada tienen que ver con el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, reconocido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y desarrollado en la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional (TC), en las sentencias recaídas en los exp. Nº 00022-2009-PI y Nº 05427-2009-AC.

La desnaturalización del derecho a la consulta viene siendo realizada por la Comisión Agraria del Congreso de la República a propósito de la aprobación del Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre; y por el Ministerio de Energía y Minas al momento de reunirse con las comunidades nativas antes de la adjudicación de lotes petroleros. Como el gobierno no puede oponerse a la consulta previa porque ella está reconocida en normas de rango constitucional y en jurisprudencia del TC vinculante para todos los poderes públicos [1], al momento de implementar este derecho, quieren convertirlo en “episódicos” talleres informativos. Es decir, se quiere vaciar de contenido, se quiere sacar la vuelta a este derecho.

¿Dónde está la diferencia?

La diferencia fundamental está en la forma como se realiza la consulta. En la “versión” del Congreso y del MINEM, existe una sola etapa que se concreta entalleres informativos llamados por la Comisión Agraria “audiencias públicas” o “eventos presenciales” para el Ministerio de Energía y Minas[2]. Estos eventos se caracterizan porque en uno o dos días, se informa a la población de la medida prevista a adoptarse, se escuchan preguntas y en el mejor de los casos se piden opiniones, por lo general de forma individual, obligando a la población a firmar una acta que luego es presentada como consulta previa.

Estos talleres son absolutamente incompatibles con el derecho a la consulta definido por la OIT y el TC. Fundamentalmente porque se incumplen o se dejan de realizar tres etapas. En primer lugar la etapa informativa se realiza a medias. Según el TC se les debe dar a los pueblos indígenas “toda” la información sobre todos los posibles impactos que la medida a adoptarse puede generar en el normal desarrollo de los pueblos indígenas. Esta información debe ser completa y traducida al idioma nativo y debe ser inteligible a personas no expertas en temas técnicos.

Luego de entregada la información, se les debe dar un “plazo razonable” para que los pueblos indígenas puedan proceder a la etapa de la deliberación interna que tiene por objeto tomar una posición como pueblos indígenas. Esta etapa se realiza sin la participación del Estado. Y por último, viene la etapa del diálogo de los pueblos indígenas con el Estado con el objetivo de ponerse de acuerdo.

	Consulta según el MINEM y la Comisión Agraria	Consulta según la OIT y el TC
Finalidad	Recoger las “opiniones” de los PPII sobre la medida a adoptarse	Lograr un “acuerdo” entre el Estado y los PPII
Verdadero objetivo político del Gobierno	La consulta es concebida como una formalidad o un trámite a superarse.	Debe haber real respeto por la identidad cultural de los PPII,voluntad de diálogo y de incorporar los aportes de ellos.
Estructura	Actos aislados en diferentes partes	Un proceso con diferentes etapas
Etapas	Una sola etapa que se concreta entalleres informativos llamadas audiencias publicas.	Varias etapas: 1) determinación de la medida a adoptarse y del pueblo indígena a ser consultado, 2) etapa informativa a los PPII; 2) deliberación interna de los PPII sin la presencia del Estado, 3) diálogo de los PPII con el Estado.
Concepción del derecho a la consulta	Es concebido como un derecho individual, por eso en los talleres se piden opiniones individuales.	Es concebido como un derecho colectivo de conformidad con el Convenio 169, por eso se pide la opinión al PPII.

La forma como se está implementando este derecho es incompatible con el principio de "buena fe" de la consulta previa, que debe orientar y regular la actuación del Estado, tal como lo ha establecido el fundamento jurídico 27 de la sentencia del TC recaída en el Exp. Nº 00022-2009-PI/TC, cuando precisa que “Con el [principio de buena fe] se permite excluir una serie de prácticas, sutiles, implícitas o expresas, que pretendan vaciar de contenido el derecho de consulta. Tales prácticas están vedadas tanto para el Estado como para los pueblos indígenas o cualquier otro particular que intervenga en el proceso de consulta”. (subrayado nuestro).

La Comisión de Agricultura no es la única que intenta sacarle la vuelta al derecho a la consulta previa. Esto ocurre también con las concesiones de lotes petroleros. Cuando IDL le ha preguntado al Ministerio de Energía y Minas si ha realizado la consulta previa, ellos respondieron que sí, sin embargo, cuando se les pidió información, se constata fácilmente que sus denominados “eventos presenciales” son talleres informativos [3].

A manera de conclusión

Algunos sectores ingenuamente señalan que en realidad la consulta previa que viene realizando la Comisión Agraria del Congreso es una consulta “imperfecta” y que debe ser apoyada y corregida. Nos preguntamos si esta posición tiene sentido, luego que el Presidente de la Comisión Agraria del Congreso, Aníbal Huerta Díaz, el día lunes 31 de enero, “ratificó que las audiencias si tienen calificación de consulta previa y que con la ampliación de 60 días (hasta febrero) es suficiente para sacar adelante la Ley Forestal”[4]. (subrayado nuestro)

Por último, debemos decir que una consulta previa llevada como lo quiere hacer la Comisión Agraria del Congreso de la República, es una consulta con un serio vicio de nulidad, está “herida de muerte”, pues tarde o temprano será invalidada por el TC en un proceso de amparo por no ajustarse sus reglas. El Congreso y el Gobierno no están en la libertad de escoger las etapas de consulta que quieren respetar ya que todas las etapas deben ser cumplidas.
 

1. Artículos VI del Título Preliminar y 82 del Código Procesal Constitucional aprobado por Ley 28237.
2. Ver las páginas 1 y 2 del oficio de respuesta del Perupetro a un pedido de información que IDL le hizo al Ministerio de Energía y Minas, donde se le preguntó si habían realizado consulta previa en las últimas adjudicación de lotes petroleros: http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/MINEM%2020148520001.pdf.
3. Ver: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=453.
4. Diario La República, 01/02/2011, pág. 15.